La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 12 años al entonces delegado de la gobernación del Valle del Cauca ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad del Pacífico, Hernán Torres González, por no declararse impedido, ni aceptar la recusación en su contra para participar en la votación de la sesión del 11 de febrero de 2015, sobre la revocatoria de dos resoluciones con las que se removió del cargo al rector, Florencio Cándelo Estacio.

El funcionario incurrió en la causal de impedimento señalada en el numeral 11 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, porque actuó como apoderado en el proceso penal que cursaba en la Fiscalía 37 Seccional de Buga contra el rector de la Universidad del Pacífico por el delito de apropiación indebida, y prestó asesoría jurídica a la Comisión de Investigación Disciplinaria que indagó la conducta del rector.

Según el ente de control, el investigado desconoció los principios de moralidad y transparencia que son de obligatorio cumplimiento para quienes ostentan la calidad de servidores públicos.

Para la Procuraduría, resultó controvertible que el delegado de la gobernación brindara asesoría legal en el proceso penal y al parecer, también participara e interviniera ante el Consejo Superior Universitario en la sesión que resolvería la solicitud presentada por Florencio Candelo. 

La falta fue calificada como gravísima a título de dolo. El fallo de primera instancia fue apelado por la defensa del disciplinado.

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